Con un enfoque de articulación interinstitucional se desarrollará el plan operativo para resguardar los derechos humanos de los indígenas diseminados en algunos puntos de Ciudad del Este, a partir de un relevamiento preciso de la situación, el historial y visión de las familias afectadas, por parte de técnicos especializados de la Itaipu.

En esta articulación, además de la Itaipu, varias instituciones sumarán esfuerzo, con el fin de garantizar un plan sustentable y acorde con la realidad de cada una de las familias identificadas, según la causa y el origen de su migración, conforme adelantó Claudio Rolón, técnico de la Itaipu involucrado en este proyecto.

Las instituciones esencialmente insertadas en el proyecto además de la Itaipu Binacional, son la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA) y el Instituto Nacional del Indígena (INDI)

“Existe un avance en la relación con estas poblaciones, pues son familias Mbyá Guaraní o Avá Guaraní, que están en situación de calle y es todo un proceso histórico de más de 15 años, donde las comunidades fueron desmantelándose por la sofocación del modelo agroexportador”, aseguró.

La emigración impacta fuertemente en las zonas de Canindeyú, Caaguazú, Guairá y Alto Paraná, siendo las  poblaciones de Caaguazú, las que ocupan mayoritariamente las calles de Ciudad del Este, según los datos recabados en el diagnóstico.

Al referirse a los antecedentes de esta problemática, Rolón explicó que anteriormente, a comienzos del 2000 hasta el 2005, la práctica común del Estado era arrear a los niños, los captaban en las calles, los arreaban en los camiones y los dejaban por el camino a sus comunidades.

“Tenemos certeza, testimonio de gente, que ni siquiera llegaban a sus comunidades, entonces, los niños que eran encontrados en Caaguazú eran dejados en Guairá, por ejemplo, y a niños de Guairá apenas llegaban hasta Caaguazú, con tal de deshacerse de ellos”, dijo.

Atender la problemática con enfoque de derecho
“Ahora, en este Gobierno, esa práctica fue cambiando, tiene un enfoque de derecho, se llega a las calles, existe un equipo de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, en articulación con el INDI, inclusive con el Ministerio de Educación y Cultura, y se hacen atenciones específicas; un acercamiento, una generación de vínculo con los niños en calle”, enfatizó.

A partir de allí se identifican quiénes son esas personas, quiénes son esos niños, quiénes son sus padres, qué lugares ocupan, por dónde se mueven, se identifica  los territorios, porque existen focos de delitos, agarran lugares donde pueden conseguir plata o alimentos para poder subsistir día a día, según explicó Claudio Rolón.

Agregó que, una vez realizado ese abordaje en la calle para generar vínculos, se va profundizando sobre su origen,  por qué salieron de sus casas, de sus comunidades. Así se llegó a las comunidades de estos niños, se conversó con los líderes,  con las familias inclusive, y el común denominador de las causas es el cambio que se va generando estructuralmente en el modelo de producción.

En el recuento del diagnóstico se consigna que con el avance de la ganadería tenían trabajo las familias guaraníes (changa), pero en el año 1997 entró el modelo sojero y esa estancia que antes daba cierta ocupación, cambió radicalmente, pues  un tractor hace el trabajo que hacían cien personas.

“Entonces, esa gente ya no tiene posibilidad de trabajar allí, tienen que salir de sus comunidades a hacer “poreka” (rebuscarse) ellos le dicen, ojeporeka va’erá (hay que rebuscarse) Generalmente “el blanco” o el paraguayo no le da plata al adulto, y así se abusa de los niños para que puedan conseguir dinero”, refirió Rolón

Acotó que como en la cultura Mbyá, el cuidado de los niños, es  responsabilidad de la familia y de la comunidad, hay mucha libertad para los niños que deciden qué hacer, de irse a la casa de un familiar, de su abuelo, su tío o su tía, inclusive hay veces en que los niños pasan semanas fuera de su casa porque están en la comunidad y hay confianza. Pero los adultos muy pocas veces lo buscan  y de esta manera los niños se van disgregando.

“Existen grupos involucrados en delitos y circula droga, explotación sexual, explotación laboral y esos niños se van quedando ahí y el tiempo les va  pasando la factura y nosotros le llamamos a este proceso de vida “callejización”, expresó el técnico.

El proceso de generación de vínculos
Claudio Rolón aseguró que una vez identificadas sus comunidades de origen, su familia, los padres son consultados si están de acuerdo que sus hijos vuelvan. “Preguntamos a los caciques, si se van a hacer cargo, se hizo el abordaje nuevamente con los niños, se les comentó, se hizo el traslado a su casa, a su comunidad”, indicó

“Ya no como antes, es un cambio cualitativo en la atención, porque es un enfoque de derecho, se les atiende a los niños, a los adultos como personas. Existen casos de niños en la calle, que sus padres no le ven durante 4 años. Todo lo que pasó esa criatura en la calle en ese tiempo, el Estado es el responsable de lo que ahí está pasando”.

Comentó además que “al poco tiempo, muchos de estos chicos volvieron, porque en la comunidad ya no existe lo que en la calle consiguen, donde tienen otra condición de vida: comen de otra forma, porque la gente les da monedas y el niño se acostumbró a tener plata en mano, a tomar, andar por ahí, por más que las condiciones sean peores que en las comunidades, en algunos casos te dicen que en la ciudad comen todos los días”.

Ahora hay que avanzar, hablando con los líderes, para ver cómo fortalecer lar relaciones comunitarias y familiares e identificar por qué esa familia tiene ese problema, teniendo en cuenta que hay valores y principios de las comunidades, según su cultura. 

Abordaje en la comunidad
“Se está haciendo un abordaje en la comunidad, estamos recorriendo y conversando con los líderes y familiares de esos chicos, porque hay un modelo de trabajo donde el blanco o la institución viene, trae la receta y se ejecuta; ahora lo que se está haciendo es conversar con  ellos, comentarles la situación en que están viviendo esos chicos”, informó el técnico de Responsabilidad Social de Itaipu.

Rolón recordó la ausencia de la mayoría de las instituciones del Estado, al mencionar que existen derechos vulnerados de niños, mujeres, al tiempo de indicar que la problemática es responsabilidad de todos.

Recalcó que es muy importante la conexión con las organizaciones. “Lo que sí se debe instalar es un mensaje con los líderes,  sobre qué estamos haciendo con estas 10 comunidades, son 30 comunidades de origen de esos chicos que están en calle”.

Albergue transitorio
Claudio Rolón habló también del albergue transitorio, que se denominará “Tapé Irú”, (un amigo en el camino), el cual se establecería en el barrio 23 de Octubre, una vez que se finiquiten los trámites para el arrendamiento del local.

Eso no es institucionalizar la problemática, sino iniciar un proceso para que los menores asimilen las motivaciones para dejar la vida de calle, según su criterio. En este albergue u hogar transitorio se atenderá la salud de los afectados y su desintoxicación, la nutrición, además de tender a la revinculación con los familiares.

“Todo eso se hace en un proceso educativo, porque ahí se trabaja la cuestión lúdica con juegos, en conexión con la comunidad”, señaló Claudio Rolón al recordar que los indígenas plantean que se está dejando de lado su cultura y que la quieren recuperar, por lo que el trabajo se desarrollará desde esa perspectiva.

Necesidad de que las instituciones cumplan su rol
“Uno de los graves problemas es la explotación de menores a través de delitos como la prostitución y tráfico de estupefacientes, siendo esa situación responsabilidad de la Fiscalía, porque son adultos que someten a los pequeños (explotación sexual por parte de los caciques) También debería actuar la Secretaría Nacional Antidrogras, SENAD”, conforme indicó Rolón.

“Por ejemplo, 100 chicos producen 100 mil guaraníes  por crack, cuánto eso hace por día, 10 millones de guaraníes, en 10 días son 100 millones y son 300 millones de guaraníes por mes en crack, hay mucha plata allí, intereses que afectan a distribuidores que se valen de estos pequeños”, calculó.

Dijo también que hoy día el Estado es negligente ante su responsabilidad; por lo que la atención de la problemática requiere de mucho análisis. “Estos chicos tienen que salir de la calle, son violentos, entonces ¿qué hace el Estado para poder restituir sus derechos?. Nosotros como técnicos es nuestra responsabilidad ver qué medidas se deben tomar para que eso pueda cambiar”, alegó.

Responsabilidad histórica de Itaipu
Resaltó además que casi todo el equipo de Responsabilidad Social de Itaipu ha trabajado en el operativo invierno, y que ahora se está insistiendo en la articulación de acciones.

“Hay una apertura inicial, pero eso se va a tener que concretar con las organizaciones indígenas y también con las comunidades, y tiene que haber un compromiso serio, ya sea en este Gobierno u otro, es un proceso que se tiene que encarar”, finalizó.