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Directivos de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ITAIPU Binacional (CAJUBI), tras una reunión mantenida esta mañana con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el director general paraguayo de la ITAIPU, José Alberto Alderete, informaron que luego de un largo proceso judicial iniciado en el año 2011, el juez de la Corte Superior de Justicia de Toronto – Ontario (Canadá) emitió finalmente su sentencia, reconociendo la plena razón y el derecho de la previsional a embargar los bienes y activos de las personas y empresas demandadas, entre quienes se encuentran Eduardo García Obregón, su esposa Claudia Santisteban de García y su socio comercial Anthony Duscio, por un monto total de 21,6 millones de dólares canadienses (unos 17 millones de dólares estadounidenses) a favor de la CAJUBI.

La sentencia de la justicia canadiense se emite una semana después de que la CAJUBI haya logrado recuperar 6,5 millones dólares estadounidenses, correspondientes a la maduración de una Póliza de Vida emitida en el exterior, en otra supuesta inversión totalmente irregular, con fondos de la mencionada previsional, recientemente informado por el director general paraguayo de la ITAIPU, José Alberto Alderete, cuya recuperación ha sido resultado del esfuerzo de los actuales directivos de la CAJUBI y el apoyo legal de la Entidad Binacional.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento al director general paraguayo por respaldarnos en todo este proceso, y el gran apoyo manifestado por el presidente de la República, de acompañar, a través del Poder Ejecutivo, los procesos de extradición, en los que interviene la Cancillería, además de la Fiscalía”, manifestó el presidente de la CAJUBI, Julio César Romero, en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, donde estuvo acompañado por el vicepresidente, Nelson Valiente; los miembros del Consejo, Jorge Ayala Kunzle y Andrés Macchi; y el gerente general Gustavo Cáceres.

Romero informó que las acciones habían sido promovidas por la CAJUBI en el ámbito Civil y Comercial de la jurisdicción de Canadá, con la firme pretensión de recuperar los fondos irregularmente remesados entre los años 2006 y 2009, a personas y empresas constituidas en aquel país, en supuestas inversiones financieras por la suma de 34,2 millones de dólares canadienses.

A raíz de estas acciones, la CAJUBI fue contrademandada por igual monto, por supuestos daños y perjuicios, con el riesgo de tener que indemnizar a tales personas y empresas en caso de que el fallo hubiera sido contrario a los intereses de la entidad previsional.

La diferencia entre el monto demandado y la sentencia es resultado de las condiciones negligentes, inapropiadas e irregulares de las supuestas inversiones realizadas por parte de los ex directivos de la CAJUBI, lamentó Romero.

Con esta sentencia favorable, la CAJUBI procederá al embargo de los bienes y activos ya ubicados hasta el momento en Canadá, Estados Unidos y Guatemala, sin descartar el rastreo en otros países, hasta la recuperación de la mayor cantidad posible, sin renunciar a su legítimo derecho.