El Ministerio Público dictó imputación contra tres supuestos responsables de delitos ecológicos cometidos en los últimos meses, en distintas reservas naturales pertenecientes a Itaipu Binacional. Se trata de Wilmar Monzón, Abel Villar y el brasileño Dirceu Paes quienes soportan la acción por el presunto perjuicio de reservas naturales y transgresión de la ley 716/96.

Los datos sostienen que Wilmar Monzón aparece como principal sospechoso de las alteraciones naturales constatadas el 18 de noviembre del 2010 en el lugar conocido como “Cabancha”, situado en el Área 6 de Hernandarias.

Se observó que en el sitio se realizaban actividades irregulares como la pesca furtiva y la ocupación ilegal de tierra, acompañada por construcciones clandestina de viviendas, atracaderos y quinchos. El representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado cuatro meses de investigación para la presentación del requerimiento conclusivo.

Por su parte, Dirceu Paes es el presunto responsable de la ocupación irregular del área prioritaria de embalse de la Binacional, violación de aspectos de seguridad y medio ambiente (precarias instalaciones de eléctrica, riesgo de incendio, sistema de aguas residuales servidas y cloacales) y alteración de paisaje. Los delitos se materializaron en el terreno conocido como “Parador Turístico Puerto D’Vinci” del Área 6 de Hernandarias y fueron observados en abril pasado.

Por otro lado, Abel Villar es sindicado de ser el propietario de más de 10 mil metros cúbicos de madera taladas, aserradas y extraídas de la Poligonal Envolvente de Itaipu, en la localidad de Puerto Indio. Este hecho se constató en el año 2010, con la intervención fiscal que estuvo acompañada por técnicos y jueces de la Secretaría del Ambiente (SEAM).

Sobre el primero y segundo nombrados, además de los procesos promovidos por la Fiscalía, pesan órdenes de clausura y multa de mil jornales impuestas por la SEAM. Itaipu Binacional ha iniciado un juicio de desalojo contra ambos de manera a que los mismos desocupen el área invadida ilegalmente (los hoy procesados se resisten a abandonar los terrenos).

Tanto Paes como Monzón se exponen a una expectativa de pena de 3 a 8 años de prisión, conforme a la ley 716/96. El procesamiento fue promovido por el agente fiscal del Medio Ambiente Gustavo Sosa Ibarrola.

Itaipu Binacional se ve obligado a mantener el bosque nativo del área expropiada para la instalación de la represa y su área de embalse, por lo que cualquier actividad clandestina se halla totalmente prohibida en el lugar, siendo así el objetivo de la entidad recuperar el inmueble y recomponer el medio ambiente.