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Consejo de la CAJUBI expresa su disconformidad con el actuar de las autoridades judiciales
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20/04/2021

El Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ITAIPU Binacional (CAJUBI), emitió un comunicado dirigido a sus  afiliados y pensionados, en el que expresa su preocupación por las últimas decisiones del Juzgado Penal de Garantías y del Tribunal de Apelaciones que entienden en la causa caratulada: «Marcelo Barone y Elizabel Vazquez s/ Lavado de Dinero», siendo los mencionados partícipes directos en el desvío de los activos de la CAJUBI junto con los hoy ya condenados.

Asimismo, informa que los abogados representantes de la CAJUBI están llevando adelante todas las diligencias necesarias para que quienes habían sido procesados por desvío de fondos en el caso conocido como el «Robo del Siglo», sean extraditados y puedan responder por su actuar ante la justicia paraguaya por los hechos cometidos, en consecuencia, restituyan el patrimonio.

En ese aspecto, la CAJUBI señala que la pareja se encuentra con pedido autorizado de extradición por la Justicia de Reino Unido, sin embargo, no se ha logrado ejecutar la misma por constantes procedimientos de mala fe, es decir, “chicanas” presentadas por los acusados, cuyo último pedido versa en un asilo sin fundamento fáctico ni jurídico.

Esta demora en no someterse a la Justicia Paraguaya, es aprovechada por los acusados y sus actuales defensores, obteniendo irregularmente, a pesar de estar en estado de rebeldía, que las autoridades judiciales den trámite a peticiones que por vía de incidentes pretenden la prescripción de la acción y sanción penal, como también la eximición de prisión, a pesar de que esto no corresponde, puesto que los mismos, en todo este tiempo, han eludido someterse a este proceso penal, con la gravedad que ahora lo hacen desde la clandestinidad con el consentimiento de los que tienen a su cargo el juicio.

En la parte final del pronunciamiento, las autoridades de la CAJUBI reiteran su compromiso para lograr que todos los culpables quienes se apropiaron irregularmente de sus activos, sean sancionados, e instan a las autoridades competentes a que articulen los mecanismos necesarios para lograr la recuperación de los mismos, con el fin de sostener y garantizar, el futuro de sus afiliados.