Una comitiva, encabezada por empleados del área Jurídca de Itaipu y representantes del Poder Judicial, dispuso este miércoles, 29 de diciembre, el desalojo de ocupantes de una propiedad perteneciente a la Binacional, ubicada en la cabecera del arroyo Tatí Yupí, en el distrito de Hernandarias.

Se trata de la finca número 8.514, situada en la zona de embalse de Itaipu. El terreno era ocupado ilegalmente por el ciudadano Leocadio Benítez quien, al momento del procedimiento, no se hallaba en el sitio.

Los intervinientes fueron recibidos por una persona que dijo ser el encargado de custodiar el lugar - a pedido del supuesto responsable - y de cuidar a unas 33 cabezas de ganado, que también se encontraban en las inmediaciones del lote.

La jefa del departamento Patrimonio Inmobiliario, Maribeth Domínguez, explicó que la causa “Itaipu Binacional contra Leocadio Benítez sobre Reivindicación de Inmueble” se inició ya en el año 2008, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la capital del país y que, desde entonces, el invasor se mostraba reacio a abandonar el lote argumentando tener derecho sobre él. La demanda llegó incluso hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Él (Leocadio Benítez) manifestó que está en el lugar desde hace 18 años, inclusive se allanó a la demanda pidiendo la recuperación (de las mejoras del terreno que supuestamente realizó durante su estadía) de las inversiones, cosa que no está permitida por nuestra ley de expropiación, al final hasta en la Corte ganamos”, señaló la profesional del derecho al tiempo de dejar en claro que Itaipu se hará cargo de que no se vuelva a ingresar en la finca.

En el sitio se hallaba afincada una precaria vivienda y una especie de establo donde era mantenido el ganado. Toda la estructura fue derribada, tal como dispuso la resolución firmada por la juez de Primera Instancia en lo Civil de Asunción, María Angélica Calvo. Los empleados de Itaipu tuvieron el acompañamiento del oficial de Justicia Daniel Arca.

Según los intervinientes, el delito incluso dio lugar a que se incurra en la supuesta comisión del hecho punible de contra la ley 716 (sobre Medio Ambiente) dejando incluso a disposición del Ministerio Público una intervención de oficio, para la apertura de una causa penal.