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El Proyecto de Seguridad Alimentaria que, desde el mes de setiembre se viene desarrollando con poblaciones en Alto Paraná y Canindeyú es la primera fase de una acción que Itaipu Binacional, a través del Parque Tecnológico (PTI), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Nacional del Indígena (INDI), realizan para mitigar la pobreza rural y dar nuevos horizontes a indígenas y campesinos paraguayos en esos dos departamentos.

La nueva administración de Itaipu Binacional asumió, a inicios de este año, con una orientación clara por parte del presidente Fernando Lugo de que Itaipu se convierta en una palanca para el desarrollo y, al mismo tiempo, que trabaje y se integre a las políticas públicas ejecutadas e impulsadas por el Poder Ejecutivo.

En este contexto, y en sucesivas visitas al Parlamento Nacional, el titular de Itaipu, Gustavo Codas Friedmann, se comprometió a iniciar una nueva relación con este órgano del Estado. En relación a los gastos socioambientales para el 2010, fueron firmados convenios con varios ministerios y secretarais de Estado por un valor superior a los US$ 41 millones que se enviaron al Parlamento.

Según apunta Codas, “hasta la fecha, poco más del 58% de este monto (US$ 24 millones) ha sido sancionado por el Congreso. Este hecho es un primer paso para transparentar la administración de la Binacional colocando una parte importante de los fondos socioambientales bajo control del Parlamento”. (Ver anexo 1) [2]

Igualmente, el Titular de Itaipu Binacional, lado paraguayo, señaló en reiteradas oportunidades, que los proyectos iniciados por administraciones anteriores, no serían interrumpidos y tendrían continuidad. El proyecto de Seguridad Alimentaria es el resultado de compromisos anteriores que fueron reafirmados en una plenaria de autoridades de Itaipu con dirigentes indígenas en abril de este año. La actual dirección modificó los planes de manera a articular el programa con los órganos responsables (MAG e INDI), dando transparencia a su administración creando dos mesas de contraloría y acompañamiento: una con representantes de comunidades indígenas y otra con representantes de comunidades campesinas.

Parque Tecnológico de Itaipu

En mayo de 2003, autoridades de Empresa suscriben una Carta de Intenciones para la formación del Parque Tecnológico Itaipu (PTI). En dicha oportunidad se decidió fomentar la creación de esta institución con el “objetivo de promover la integración de los países de la América Latina, a través de la participación de entidades gubernamentales, entidades representativas de la sociedad civil organizada, entidades académicas, instituciones de investigación y entidades de fomento para el desarrollo sustentable, con miras al desarrollo social, cultural y tecnológico basado en la educación, la ciencia y la tecnología, con la generación de trabajo, empleos e ingresos”, según consta en la Memoria Anual de Itaipu Binacional de 2003.

Mientras, la Fundación Parque Tecnológico Itaipu en el lado paraguayo, se instituye recién en el año 2008, por Resolución del Directorio Ejecutivo de fecha 10 de diciembre de 2008.

El presupuesto asignado en dicha oportunidad para el año 2009, fue de US$ 1.255.000,00. Sin embargo la dirección anterior apenas llegó a desembolsar la suma de US$ 400 mil, el 13 de noviembre de 2009. En el año 2010, en fecha 12 de febrero, fueron desembolsados los restantes US$ 855 mil, ya durante la gestión de Gustavo Codas. Para el año 2010, el Directorio paraguayo anterior aprobó la suma de US$ 1.030.000. Entre junio y octubre del presente año, Itaipu hizo aportes para cubrir el presupuesto asignado y, adicionalmente el Directorio Ejecutivo aprobó, el pasado 18 de noviembre, un aporte institucional de US$ 3.592.890 para inversión en infraestructura y desarrollo del PTI a fines de 2010 e inicios de 2011.

Finalmente, y en la misma fecha, el Directorio Ejecutivo aprobó un Plan de Sostenibilidad del Parque por cinco años, 2011-2015, que incluye un presupuesto de US$ 39.267.011. Para la directora Ejecutiva del PTI, Rocío Robledo Yugueros, este “presupuesto es fundamentalmente para la operatividad de la institución, inversiones en infraestructura y gastos operativos”. Al mismo tiempo señaló que los proyectos obtienen sus fondos a través de convenios específicos, en los cuales el PTI dispone su contrapartida presupuestaria.

Del lado brasilero, la realidad del Parque es muy diferente. El PTI opera desde el año 2003 y, entre los años 2003-2009 ha recibido la suma de R$ 91.188.959,88 (equivalentes a US$ 50.380.640,82 a la tasa de cambio actual). En su plan de sostenibilidad, aprobado por Resolución del Consejo de Administración en diciembre de 2009, para el período 2010-2014, se prevé la entrega de R$ 83.726.000,00 (US$ 48.974.029,01), más R$ 16.800.211,91 (US$ 9.826.984,04), para el desarrollo de infraestructura del PTI, lado brasilero, en el año 2010. El estado de desarrollo de ambos parques es muy diferente, tanto en tiempo de funcionamiento como en recursos financieros y en territorio e infraestructura destinados a su crecimiento al interior de la usina.

Seguridad alimentaria

Para el Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), el proyecto de “Seguridad alimentaria de comunidades campesinas e indígenas de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú” – áreas éstas de influencia de la Binacional – es uno de los tantos proyectos actualmente en ejecución, según observa la directora Ejecutiva del PTI, Rocío Robledo Yugueros. Por su constitución, la Fundación Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI), está orientada al desarrollo territorial, socio-cultural, empresarial y tecnológico, según establece la documentación que lo da origen. En ese contexto, realiza actividades de relacionamiento institucional, capacitación, investigación y desarrollo e innovación, observó Robledo.

Igualmente, según lo señala su Directora Ejecutiva, el PTI tiene como misión “constituirse en el nexo entre lo establecido en la misión de Itaipu y los delineamientos estratégicos nacionales, colocando la tecnología e innovación al servicio del desarrollo humano integral”. Igualmente, se inserta como misión de esta institución, como lo apunta Rocío Robledo Yugueros, la creación de espacios para desarrollar tecnología e innovación, proyectos, programas y acciones que contribuyan a mejorar la educación, a preservar los valores culturales y ambientales, garantizar la equidad, contribuir con la formación y retención del capital intelectual nacional, propiciar la generación de empleo y renta, a través del fomento y apoyo al emprendedor y al cooperativismo. Para Rocío Robledo, el proyecto de seguridad alimentaria, actualmente impulsado por el PTI, es transversal a tres de estas grandes áreas cuales son la de desarrollo sociocultural, desarrollo territorial y empresarialismo. Según observan las autoridades del PTI, el mismo no va en desmedro de las otras áreas y acciones.

En lo que respecta al proyecto de seguridad alimentaria - confirman sus autoridades -, se trabajará, en un segundo momento, con programas pilotos que versarán sobre uso de tecnologías sobre las cuales el PTI actualmente se encuentra desarrollando. Entre las mismas se pueden citar: paneles solares para comunidades indígenas, modelos de unidades básicas sanitarias, vivienda para comunidades indígenas similares a las realizadas en el lado brasilero y, el rescate de semillas nativas y criollas.

La participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el proyecto tiene que ver, según explican los responsables del mismo, con la estrategia de combate al hambre, cuidando y preservando el agua, la tierra y los bosques. Para ello, en esta primera fase, el programa contempla un decisivo combate al hambre, al miso tiempo que promueve el autoconsumo, en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, áreas de influencia de la represa. Por otro lado, con esta acción, la Entidad también contribuye a saldar una deuda histórica con la población que, en los últimos 37 años, ha sido afectada por la construcción de la hidroeléctrica.

En este proyecto conjunto, el MAG aporta 15 técnicos del Programa de Agricultura y Economía Indígena (PAEI). El Viceministerio de Agricultura ofrece el soporte técnico necesario para incorporar una perspectiva intercultural y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Al mismo tiempo esta intervención en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú apunta, a mediano plazo, a desarrollar en la población beneficiaria una cultura de cultivo que, por su vez, pueda generar un proceso de mejoras de las semillas de forma que las familias puedan proveerse a sí mismas, y a otras comunidades, granos para las siguientes cosechas. Implica, por su vez, que éstas puedan asegurar su sustento diario, destacando el concepto de autonomización de capacidades de las comunidades campesinas e indígenas de la región, de manera a poder asegurar alimentación y autonomía en el tiempo, mejorando la calidad de los alimentos.

En un primer momento, se distribuyen alimentos de manera a mitigar la pobreza en la zona y, en un segundo momento, se rescata la tecnología campesina y ancestral de la región, sean éstas en técnicas de artesanía, conocimiento de especies nativas, recolección y conservación de semillas, de manera a, en el tiempo, generar un proyecto de seguridad alimentaria. Para esto es importante, según técnicos del proyecto, un conocimiento más acabado de las diferentes comunidades beneficiarias del mismo. Este proceso incluye el desarrollo de un banco de especies nativas, disponibles para su distribución a familias de la región, mejorando en este sentido la calidad de los alimentos producidos y la recuperación del bosque nativo.

Proyectos en ejecución

Por su parte, para el director General paraguayo, Gustavo Codas Friedmann, la contratación de la Ing. Rocío Robledo Yugueros, profesional con una vasta trayectoria académica, asimismo administrativa, ha sido justamente para reforzar todas las acciones en las áreas que corresponden a las líneas estratégicas de actuación del PTI. Estas son: desarrollo sociocultural, desarrollo territorial, empresarialismo y tecnología. De éstas, tres son transversales al proyecto de seguridad alimentaria actualmente en ejecución. (Ver CV, anexo 2). [3]

En este sentido, Codas señala que la nueva administración del PTI no ha suspendido la ejecución de los proyectos en ejecución. Al contrario, se han dado acciones para impulsar todas las áreas de trabajo y no sólo el área tecnológica, como había sido hasta este momento. (Ver anexo 3) [4]

Finalmente, según las autoridades del PTI, todo el proceso de compras hasta la fecha, se ha desarrollado según padrones administrativos propios de la institución. La primera compra de semillas se efectuó por un procedimiento de Carta Invitación a empresas recomendadas por el MAG y SENAVE, contemplado en los procedimientos del PTI, en función a la premura del tiempo. Todo el proceso fue claro y transparente, y ninguna empresa cuestionó, en su oportunidad, los resultados. Actualmente un nuevo proceso de compra de alimentos, cuyo llamado está siendo publicado en los medios impresos, se encuentra en camino. Este es el primer llamado público que el PTI realiza en el año 2010, y responde a la necesidad de transparentar todo el proceso de compras.

Todos los fondos destinados del PTI, son controlados por Itaipu Binacional y la propia institución. En estos momentos, el PTI está siendo sometido a un proceso de auditoría externa, solicitada por la dirección actual. Según declaraciones de sus autoridades, la Fundación Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI), debe rendir cuentas ante su propio Consejo de Administración, constituido por representantes de Itaipu y de la sociedad civil. Asimismo, para recibir nuevos desembolsos, debe cumplir y completar los aspectos de rendición de Itaipu Binacional.