Empleados de la Dirección Jurídica Ejecutiva de Itaipu se constituyeron en la mañana del miércoles, 2 de marzo, en el complejo Santa Elena Country & Marina Club de Hernandarias, constatando el incumplimiento del contrato de comodato, firmado por directivos de la binacional y representantes de la empresa Tesa S. A, en algunas de las áreas localizadas dentro de la poligonal envolvente de la entidad.

La comitiva, encabezada por Augusto Gernhoffer e Isabelino Silvero, comprobó que en dos de las tres áreas en discusión se sigue operando en abierta violación a lo estipulado inicialmente en el acuerdo, ya que el contrato, rubricado por las partes en el año 2006, permitía a la firma Tesa S. A. el acceso al área protegida de Itaipu, pero no así la instalación de algún tipo de material o estructura dentro de la poligonal. Sin embargo, los dueños del complejo ejecutaron obras y desarrollaron modificaciones en dos fracciones pertenecientes a Itaipu.

El recorrido se llevó a cabo tras un pequeño debate realizado en una de las instalaciones no autorizadas del complejo Santa Elena. Horacio Capurro, gerente general de la firma Santa Elena, alegó que no se violó disposición alguna, pero que de haberlo hecho su empresa intentará buscar la forma de solucionar el inconveniente.

Gernhoffer fue contundente al señalar que “lo que Itaipu cuestiona es que se trata de su propiedad y, para entrar a una propiedad ajena, se necesita permiso. Itaipu está interesada en su bosque. La ley de expropiación le exige mantener el área boscosa para proteger al lago. Cualquier poda, limpieza o actividad que se realice dentro de la poligonal envolvente va en perjuicio del área protegida”, recalcó.

Negó que exista algún interés político o traba al desarrollo turístico de la región, como supuestamente habían alegado en un principio los directivos del complejo, asegurando que lo que se intenta hacer es respetar la inviolabilidad de las cláusulas establecidas en el contrato de comodato. “Interpretando el contrato, encontramos que se les autorizó única y exclusivamente a tener acceso hasta el lago, eso hemos cuestionado. Les enviamos notas para que desmantelen las construcciones; desmantelaron, volvieron a construir y eso ha provocado la intervención de la SEAM”, manifestó.

La intervención del citado órgano del Estado arrojó como resultado que los representantes del complejo habitacional carecían de licencia ambiental para la explotación de los terrenos en cuestión. “A raíz de las intervenciones de la SEAM, ellos (directivos del complejo) manifestaron por la prensa que se les persigue, que se les quiere trabar la inversión; nosotros venimos a verificar el lugar con escribanas y con acompañamiento de ellos, para aclararles una vez más que Itaipu no tiene ninguna intención de trabar las inversiones u obstruir el emprendimiento que tienen como inmobiliaria. Lo que les resaltamos es que tienen que ceñirse al contrato de comodato, así como Itaipu también lo respeta”, sentenció Gernhoffer.

El recorrido se inició en la zona conocida como Fracción A, donde se constató la ilegal existencia de una playa artificial, canchas de voley, muelles y otros lugares de esparcimiento. Se siguió con la Fracción B, donde aparentemente no se violó cláusula alguna. Por último, la comitiva verificó un pequeño puerto que presuntamente era explotado por los directivos de la firma Tesa S. A. Meses atrás este lugar ya había sido visitado por el mismo grupo de abogados de la binacional; en aquella oportunidad se confirmó que en el sitio habían sido instalados quinchos, bancos y parrillas; el miércoles se pudo constatar que fueron retiraron todos los objetos del local.

La postura institucional de Itaipu es el desmantelamiento de todas las construcciones que hayan sido ejecutadas dentro del lugar cedido en comodato.

Inicio del proyecto

Según los datos, el emprendimiento Santa Elena surgió luego de que un ciudadano suizo, dueño de otros puertos supuestamente clandestinos, situados a orillas del lago de Itaipu, vendiera varias hectáreas de tierra a la firma Tesa S. A. para la construcción del complejo.

Con anterioridad a esa venta, las tierras colindantes a la poligonal envolvente eran utilizadas para actividades ganaderas realizadas por el extranjero.

A la fecha se hace evidente aún el grave daño ecológico causado por la explotación de esos animales en el lugar, hecho que se pudo verificar durante la intervención.